La ciudad de Valencia se ha formado a partir del crecimiento de dos centros históricos. Uno situado en el interior, junto a uno de los meandros del río Turia, alejado de la costa unos 4 kilómetros y el otro surge en la costa, en el entorno del puerto del Grao, a partir del cual se desarrolla El Cabanyal-Canyamelar. Su peculiar estructura urbana y la arquitectura popular levantada sobre ella, son aspectos que hicieron que con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988 fue declarado Conjunto Histórico Protegido y en el año 1993 fuera declarado Bien de Interés Cultural el núcleo original del ensanche del Cabanyal.
En el año 2000 el Ayuntamiento de Valencia aprobó un Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PERI), que debería haber servido para garantizar la protección del barrio, pero incluía entre sus objetivos la apertura de una gran avenida que lo atravesaba y partía en dos, suponiendo el derribo de 1651 viviendas, unos de 600 edificios, de los cuales cerca de 200 estaban protegidos.
La puesta en marcha de este plan ha estado paralizada durante 10 años, por los recursos que las organizaciones vecinales han interpuesto en los tribunales de justicia. Durante todo este tiempo la estrategia municipal ha consistido en permitir, cuando no propiciar, un proceso de degradación de la parte del Cabanyal que se veía afectada por los futuros derribos. La aparición de grupos marginales y desfavorecidos, en muchos casos vinculados al tráfico de drogas, ha hecho que los vecinos que se han resistido a vender sus viviendas al Ayuntamiento, han visto como sus condiciones de vida se veían perjudicadas por la degradación urbanística de su entorno.
El Ministerio de Cultura, acatando la última sentencia del Tribunal Supremo, del 29 de diciembre del 2009, resuelve el procedimiento de expoliación del conjunto histórico del Cabanyal y ordena la suspensión del Plan. Posteriormente las Cortes Valencianas, con el apoyo del Partido Popular (PP), aprueban una ley que pretende dejar sin efecto la Orden Ministerial, siendo publicada en el DOGV con fecha del seis de abril de este año. Sin embargo, tres días después el Consejo de Ministros aprueba un recurso de inconstitucionalidad de dicha ley que es admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y la suspende cautelarmente. Durante ese pequeño paréntesis, del 6 al 8 de abril, el Ayuntamiento aprovechó para realizar el derribo de varios edificios, que los vecinos tratamos de evitar en defensa del cumplimiento de la Orden Ministerial.
Nuestra sorpresa fue cuando nos encontramos que la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, envió a la fuerza pública, con una violencia que todos comprobaron con estupor en los múltiples documentos de las distintas televisiones, para proteger la “supuesta” legalidad que durante esos tres días amparaba al Ayuntamiento. Finalmente un recurso contencioso-administrativo que interpone el Ayuntamiento el ocho de febrero del 2010 en la Audiencia Nacional, contra la Orden Ministerial, es admitido a trámite, pero es rechazada la solicitud de paralización cautelar de la citada Orden Ministerial el día 19 de marzo, quedando finalmente suspendido el plan hasta que se dicten las sentencias oportunas.
Los vecinos y las vecinas que nos hemos venido oponiendo a este proyecto municipal y que principalmente estamos organizados en las dos asociaciones de vecinos del barrio y la Plataforma “Salvem el Cabanyal”, siempre lo hemos hecho en defensa de los intereses legítimos de los propietarios de las viviendas que el Ayuntamiento pretende destruir, con los consiguientes desplazamientos de familias enteras que ésto supone y por la pérdida patrimonial que significa la destrucción de una parte tan importante de este barrio, declarado Bien de Interés Cultural.
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