¿Cómo es posible que después de 30 años Cataluña no tenga una ley electoral propia? Ésta sería una pregunta lógica que muchos ciudadanos podrían hacerse después de que algunos partidos anunciasen que están dispuestos a tirar adelante esta ley, aunque no tanto a ponerse de acuerdo.
Esta pugna se ha plasmado en muchos titulares aparecidos en los medios de comunicación: “Cataluña es el único país sin ley electoral”, titula la entrevista que hace El Periódico de Catalunya a Antoni Comin. “Qui pot témer una nova llei electoral catalana?”, se pregunta Josep M. Balcells a El Punt. “Ausàs resucita la ley electoral catalana”, recoge la agencia EFE. “Montilla pedirá al PSC impulsar la ley electoral catalana en esta legislatura” y “ERC Y ICV-EUiA rechazan importar el sistema electoral alemán, como defienden CiU y el PSC”, titula la agencia Europa Press. “Ley electoral catalana, la eterna promesa incumplida del tripartito”, y “¿La última Maragallada?”, sentencian los titulares del ABC. “El territori clama perquè la nova llei electoral li doni més protagonisme”, titula el rotativo comarcal Regio7.
Puede ser coincidencia, pero es justamente cuando aparecen los escándalos de corrupción en Catalunya, con el “Caso Pretoria” y el del “Palau de la Música”, cuando se retoman iniciativas políticas que podrían plasmarse en acuerdos en el tiempo récord de tres meses. Esta vez parece que va en serio, y así lo demuestran los esfuerzos de Ciutadans pel Canvi (CpC) para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular, que ha recogido casi 100.000 firmas. Sin embargo, cabría preguntarse: ¿a qué viene tanta prisa?
La respuesta podría estar relacionada con un posible cambio de color en la Generalitat para las próximas elecciones.
Si éste fuera el caso, la cuestión sería o ahora o nunca, porque si Convergencia i Unió (CiU) ganara el próximo gobierno autonómico, con el apoyo probable del Partido Popular (PP), y con el interrogante de las verdaderas intenciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), la modificación de esta ley probablemente se paralizaría, ya que estos tres partidos políticos se benefician del actual sistema electoral que da más “voz” electoral a los comarcas y a municipios pequeños.
Lo cierto es que los partidos políticos difunden poco los motivos que explican porque los ciudadanos catalanes se ven privados de tener una ley electoral propia, y el porqué un nuevo marco legal sería una cuestión ventajosa para la política catalana. Lo más fácil sería pensar que el sistema utilizado por el Estado Español es el más democrático y el mejor que puede representar los intereses de los ciudadanos de Catalunya. Los treinta años sin apenas iniciativas para pactar una ley propia, parecen justificar esta creencia.
Toni Comín lo explica de la siguiente forma”: La ley catalana no se ha hecho porque la ley electoral española primaba en diputados las provincias más pobladas, donde la antigua Unión del Centro Democrático (UCD) tenía más fuerza. Esta disposición fue una condición de Suárez para aprobar l’Estatut de Catalunya. En esta comunidad autónoma, esta lógica de concentrar votos ha beneficiado a CiU. Comín apostilla “El sistema ya les estaba bien, por esta razón, a pesar de tener mayoría absoluta no lo cambiaron”.
Llaman la atención las opiniones diversas, entre ellas la de los convergentes, que siempre aparecen pasadas las convocatorias electorales a las Cortes Generales. Estas voces denuncian los efectos perversos que tiene la ley electoral española basada en la aplicación de la ley de Hont, la cual permite que Cataluña salga perjudicada, en su representatividad, en los órganos del Estado, con el argumento de que el voto de un ciudadano de Ávila, vale tres veces más que el voto de los catalanes. Por el contrario, pocos son los que se suman a la denuncia del tercer partido en mayoría de votos, Izquierda Unida, que a pesar de superar en votos a muchos partidos de circunscripción autonómica, ve reducido su número de diputados hasta el borde de su extinción.
Lo que verdaderamente importa de la nueva ley
Estamos en un momento político y social donde confluyen elementos de divorcio entre la ciudadanía y la clase política, al que se suma una coyuntura de graves riesgos de ruptura de la paz social. El consenso en estas circunstancias solamente es un factor más, para la elaboración de una buena ley electoral. Como dice Toni Comin, director de la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por CpC sobre la ley electoral catalana, “las propuestas no pretenden ser una solución a la desafección de los ciudadanos con la política, tampoco a los problemas de corrupción o a la abstención; pero seguramente ayudaría a corregir la distancia de separación que existe, entre los políticos respecto a los ciudadanos”. Yo añadiría otra reflexión: las elecciones son un momento más en la lucha de intereses y de clases sociales y se manifiesta hasta en los municipios más pequeños.
Como siempre, algunos grupos políticos defiendan la necesidad de hacer una ley electoral que plasme el “fet diferencial” con el resto de las autonomías de España y que nos acerque de forma singular un poco más a Europa. Posiblemente por esta razón, algunos partidos estén pensando y cuestionando las bondades del modelo alemán que distingue un doble voto: con uno de ellos se vota a las listas del partido, a escala nacional, mientras que con el otro, se vota al candidato de cada partido que se presenta por en cada zona, de circunscripciones pequeñas y uninominales. Es decir, se vota la proximidad.
Independientemente de cada modelo, las razones de fondo son las mismas: mantener o recuperar su trozo de pastel electoral. Ante ésto, como también en otros asuntos, los ciudadanos deberían ser críticos y no conformarse con esperar a que los llamen a las urnas. Es el momento de ser pro-activos y exigir que se cumpla el artículo de la Constitución que dice que los españoles son todos iguales ante la ley. Ser iguales significa que el valor de un voto no puede estar condicionado o supeditado por el lugar de residencia o de la densidad de la población. Negar este derecho fundamental, alegando futuras desigualdades, entre territorio y comarcas de Catalunya, debe interpretarse como una lucha de intereses y de clases.
Poco confío en el éxito de esta propuesta, sobretodo porque cuando conviene, siempre se recurre a dos argumentos de peso: el equilibrio territorial de Catalunya y el principio de solidaridad. Esta dicotomía me anima a formular otras sugerencias no menos descabelladas: la implantación del voto electrónico y su aplicación en dos años; la paridad hombre-mujer en las listas, incluso, porqué no, en cremallera como recoge el estatuto de Andalucía -por cierto, recurrido oportunamente por el PP, al igual que l’Estatut de Catalunya; la incompatibilidad de cargos, tanto políticos como institucionales; el control del gasto y transparencia en la financiación de los partidos políticos, con aplicación de medidas correctoras y sancionadoras que eviten su incumplimiento. También, listas abiertas para que los ciudadanos tengan más capacidad de decisión y se establezca el compromiso directo entre representante y representados y si fuera posible, incluir primarias en la pre-asignación de candidatos; derecho de votos para todos los vecinos-ciudadanos que viven y residen en Catalunya; una sindicatura electoral propia que realmente se preocupe por la defensa de los derechos de los electores, entre otras medidas.
Finalmente y para terminar, explicito un deseo: una nueva ley electoral debería estar orientada a reforzar la confianza de los ciudadanos con las instituciones y sobretodo, en el cumplimiento escrupuloso de las garantías. Garantías que solamente serán satisfechas, con la mejora de la calidad democrática de las instituciones y del sistema de partidos vigentes y éso también incluye, la información pública de los bienes de las personas que acceden a los cargos públicos. Todo ésto son demandas que exige la ciudadanía.
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