Institucionalización del discurso anti-inmigrante: violencia en Estado Puro

Per Cristian Cepeda, técnico de Immigración Fundación CONFAVC

Las últimas declaraciones de líderes políticos del PP y CIU, debidamente amplificadas por los medios de comunicación, son potentes llamados a la violencia anti inmigrante.  No se trata de llamamientos a apalear inmigrantes en las calles o a quemar sus “casas pateras” -o por lo menos no directamente-, sino dejar claro que desde el punto de vista institucional existe la voluntad explícita de construir una frontera que marque un “Nosotros” contra “Los Otros”.

La imagen de la llegada de los inmigrantes ya no es la medida del éxito económico de una sociedad que se creía rica y atraía como la miel a las moscas. Sino todo lo contrario. El discurso anti-inmigrante es la punta del iceberg de una política antipopular que tendrá como uno de sus referentes preferidos a esa franja de población que demuestra con su sola existencia el fracaso de un sistema económico y social; los pobres, en cualquiera de sus formas, limpiadores de vidrios en las calles, vendedores de latas, parados en la plazas, habitantes de casas sobrepobladas, beneficiarios del PIRMI, etc

La dictadura de un discurso anti-immigrante

En una sociedad occidental que se quiere verse a sí misma como justa y democrática, el discurso político - ya no sólo el electoral, es decir, el que usa lo que sea para atraer votos- ha encontrado en el inmigrante su nuevo buque insigne. El extranjero, el desconocido habitante de tierras más o menos lejanas, invade y trae consigo su dosis de barbarie, su moral desviada, su estética fea.  Ocupa las calles, las plazas, y los asientos del metro.  Es el inmigrante delincuente; el inmigrante aprovechado; inmigrante irrespetuoso; inmigrante rebelde toda una serie de imágenes que desdibujan que hablamos de personas con las que a diario se convive en todos los espacios.

 El efecto del discurso, apoyado en cifras y en el llamado “sentido común”, redunda en una deshumanización cuya escala es todavía desconocida.  En lo que transmiten las autoridades políticas en todo el Estado Español, pero principalmente en Catalunya , vemos como cada día se profundiza  un enfoque basado en la construcción de un “inmigrante” peligroso y de cuyo control y disciplinamiento depende hasta el futuro de la nación.

Este giro político deja atrás décadas de discursos que promovían sociedades abiertas respetuosas de los valores.  Y es tal el nivel de consenso existente que incluso se permite develar la hipocresía evidente que siempre existió departe de quienes promovían un modelo social multicultural. La cruda realidad le permite hoy decir sin arrugarse a un alcalde o a un miembro del gobierno, que si se tiene que elegir entre que coma en la escuela  un niño de “aquí” o un niño “inmigrante” pues que se priorice porque coma el niño “de aquí”. Violencia en estado puro. 

Una vez deshumanizado, el inmigrante pobre puede ser objeto de cualquier medida de excepción que se justifica ya no por causas determinadas, sino por el simple hecho de pertenencia al grupo señalado.  Se le puede encerrar en cárceles de dudosa legalidad como los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), se le quitan beneficios sociales, se le discrimina en los espacios educativos, etc. El necesario disciplinamiento del inmigrante pobre, consensuado entre  las elites políticas y económicas fluye de forma natural entre los ciudadanos, legitimando que para este colectivo se construya una legalidad “especial”. 

Pero el objetivo de todo este giro en la político institucional no se acaba solo  en la construcción  de un  “enemigo” sobre el cual dejar caer la rabia y frustración que abunda por las calles.

Deshumanizando a la persona 

La deshumanización de la inmigración no es más que el soporte sobre el cual se implementan profundas transformaciones a nivel social y económico.  Porque para la autoridades políticas este discurso anti inmigrantes no tienen como objetivo llenar barcos o aviones para repatriar a cientos de miles de indeseables.  Todas las estadísticas a futuro, apuntan a que los países europeos seguirán necesitando mano de obra inmigrante debido a su escaso crecimiento demográfico. Por lo tanto, si bien no es previsible una oleada migratoria de las dimensiones de las vivida por España la última década, no es menos esperable que sigan llegando gente y que se unan a los que ya están aquí para siempre. De lo que se trata es de condicionar la estructura social, política y económica de ese futuro. 

Los efectos de esta política están siendo casi inmediatos. Por un lado, la masa de inmigrantes pobres asustados por el discurso hegemónico y vociferante se repliega en un circuito laboral en donde las condiciones laborales y salariales suelen ser aun más precarias de lo que eran tan solo hace 2 o 3 años.  Pero este efecto de miedo y condicionamiento no afecta solo a los trabajadores inmigrantes sino al conjunto de los trabajadores que ven como para sobrevivir se tiene que aceptar la precariedad como una forma de vida.  Esta lógica perversa normaliza la baja de salarios y la precariedad laboral para todos.

Y por otro, este discurso ha permitido ir avanzando en la construcción de una nueva legalidad que permitirá dejar sin beneficios sociales a una buena cantidad de población. Esto con el consiguiente ahorro que esto conlleva para las arcas del Estado. Medidas como las del Ayuntamiento de Badalona parecen ir claramente en ese sentido. Ya no prima el concepto de ciudadano sino el de una sociedad de privilegios diferenciados. 

A nivel social, el incremento en la tensión en los barrios es evidente, y los enfrentamientos entre grupos de vecinos y vecinas de distintas procedencias se repite cada vez con mayor  frecuencia. Todos ellos y ellas  unidos por la misma sensación de abandono y urgencia por pelear por los cada vez más escasos recursos de ayuda social.

En total, una serie de efectos que sin duda seguirán llenando páginas de los periódicos y de las conversaciones de sobremesa.  

Pero, lo menos visible, lo que se esconde debajo del mar de desinformación y oscuros sentimientos, es que lo que enfrentamos no es más que una parte de toda la instalación de un modelo de democracia anti-popular. La misma que aprueba una reforma constitucional sin preguntarle a nadie o qué, basándose en la legitimidad de sus votos, traspasa las deudas de entidades privadas al bolsillo de cada uno de la ciudadanía. Esa que apalea indignados o deudores hipotecarios por donde los pilla. Esa que desconoce o pone a la venta la libre determinación de los pueblos.  

De lo que se trata en definitiva es de construir un modelo social y político que logre ponerse a tono con un modelo productivo que se basa en la exclusión y la omnipresencia de los grupos de poder.